El joven de 28 fue condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre de 15 balazos, luego de enterarse de que ejerció violencia y abuso intrafamiliar contra su madre y hermanas durante un período prolongado.
La defensa y la familia del condenado anunciaron que apelarán el fallo de la jueza María Noel Odriozola para conseguir el “perdón legal”, basados en un inciso del artículo 36 del Código Penal, que tiene que ver con el estado de conmoción en el que se encontraba Martínez al enterarse de los hechos.
La Justicia entendió que esa situación no se configuraría porque desde 2010 -cuando fue procesado por abuso sexual contra su hija- no existían denuncias previas de las prácticas ejercidas por el hombre.
El tema llegó al Parlamento, que tiene la potestad de solicitar ese “perdón legal”. El senador colorado Andrés Ojeda, abogado penalista, sumó el respaldo de los diputados Elianne Castro y Álvaro Perrone y presentó una nota a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, exponiendo la situación.
Los legisladores plantean que los servicios jurídicos del Parlamento analicen el caso, que se trata de un asunto “de una sensibilidad humana particular” por los reiterados abusos a los que fue sometida esa familia.
“El indulto es una herramienta que busca evitar que la pena que recibe una persona se torne en una ‘mortificación’ adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, como la situación del joven de 28 años”, agregan los parlamentarios en el texto.
Agregan que la propia sentencia judicial reconoce el historial de abusos y torturas “que el Estado no pudo prevenir” a pesar de contar con un antecedente en ese sentido.
Los legisladores sostienen que el artículo 85 de la Constitución, en su numeral 14, otorga a la Asamblea General la posibilidad de “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes” de ambas cámaras.
Además, señalan, en eso podría incidir que Martínez es primario absoluto.
