La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil SOCOBIOMA presentaron ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno una demanda que busca declarar la nulidad absoluta de once contratos vinculados a la exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo.
La acción comprende los siete contratos de exploración y eventual explotación de los bloques OFF-1 a OFF-7, adjudicados a Challenger Energy Group, Chevron, BG International del Grupo Shell, APA Exploration y MIWEN de YPF, además de cuatro contratos multicliente para adquisición de datos sísmicos con Searcher GeoData, PGS Exploration, Spectrum Geo y CGG Services.
Las organizaciones sostienen que los contratos son nulos por tres razones principales. En primer lugar, entienden que vulneran el artículo 47 de la Constitución y compromisos climáticos asumidos por Uruguay. En segundo término, consideran que contradicen la Ley N.º 19.128, que declaró las aguas jurisdiccionales uruguayas Santuario de Ballenas y Delfines, y respaldan su posición en un informe firmado por ocho científicos que advierte sobre los posibles efectos de la prospección sísmica sobre la fauna marina.
El tercer argumento se refiere a un supuesto abuso de derecho. Los demandantes sostienen que antecedentes exploratorios dieron resultados negativos y cuestionan que se exponga al ecosistema marino, la pesca artesanal y otras actividades frente a una expectativa que consideran limitada.
La presentación llega después de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3.º Turno, mediante la Sentencia N.º 71/2026, revocara una decisión anterior que había declarado la falta de jurisdicción de la justicia civil. El Tribunal entendió que los contratos pueden ser sometidos a control judicial.
ANCAP, por su parte, sostiene oficialmente que los siete bloques offshore se encuentran bajo contratos vigentes y que existe interés de empresas internacionales en continuar la exploración, que se desarrolla a costo y riesgo de los privados.
Mar Libre de Petroleras advirtió además que las autorizaciones ambientales permiten campañas sísmicas entre noviembre y abril, por lo que considera que los próximos meses serán decisivos para intentar detener una nueva temporada de trabajos.
