La investigación sobre la denominada “red de los caranchos” sumó un nuevo capítulo con la detención de nueve funcionarios policiales pertenecientes a las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones, quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con una maniobra relacionada con reclamos derivados de siniestros de tránsito.
El procedimiento es llevado adelante por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, con participación de otras unidades policiales y bajo la coordinación de la Fiscalía de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
La causa ya derivó en diez condenas y otras dos personas formalizadas, mientras los investigadores estiman que la estructura podría alcanzar a unas 60 personas, entre funcionarios públicos, abogados y gestores.
Según la hipótesis fiscal, la organización obtenía información de personas que habían sufrido accidentes de tránsito y posteriormente las contactaba para gestionar reclamos vinculados al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). Los abogados buscaban asumir esos trámites y recibían posteriormente una parte de las indemnizaciones cobradas.
El caso comenzó a profundizarse a partir de la denuncia de una persona accidentada que decidió finalizar el vínculo con los profesionales que llevaban su reclamación y afirmó haber recibido amenazas.
A partir de esa situación, la Justicia autorizó el análisis de comunicaciones y otros elementos que permitieron reconstruir contactos entre diferentes integrantes de la presunta red.
La información obtenida llevó a los investigadores a detectar intercambios entre policías y abogados, ampliando una causa que continúa abierta y que ahora alcanza a efectivos de tres departamentos.
