El senador del Partido Nacional sostuvo que la divulgación de información reservada de una investigación penal puede poner en riesgo a policías, afectar el trabajo de la Justicia y vulnerar los derechos de las personas involucradas. Junto a los senadores José Luis Falero y Graciela Bianchi presentó una denuncia penal para que se investigue quién filtró fotografías, videos e información del operativo.
A través de una publicación en sus redes sociales y de una nota de opinión titulada “Las filtraciones no son un juego”, Blas cuestionó la divulgación de fotografías, videos y otros materiales reservados de la investigación.
El legislador aclaró que la denuncia no apunta contra la prensa, la difusión de noticias ni el trabajo periodístico, sino contra la circulación de material sensible de una investigación penal fuera de los ámbitos correspondientes. En ese sentido, planteó que se debe determinar quién entregó esa información, cómo llegó a manos de terceros y con qué finalidad.
Blas afirmó que detrás de cada investigación penal hay funcionarios que realizan allanamientos, reúnen información y muchas veces arriesgan su vida. Advirtió que la divulgación de imágenes, procedimientos y métodos operativos puede exponerlos a ellos y a sus familias, alertar a personas investigadas, facilitar la destrucción de pruebas y comprometer meses de trabajo policial.
En la nota de opinión también puso el foco en los derechos de las personas involucradas en una investigación. Señaló que algunas pueden ser responsables de delitos, otras resultar inocentes y otras aparecer vinculadas circunstancialmente. Por eso, sostuvo que la difusión irresponsable de información reservada puede afectar reputaciones, perjudicar a familias y generar condenas públicas antes de que exista una resolución judicial.
“La presunción de inocencia no es una formalidad: es una garantía fundamental”, expresó en el texto.
El senador también defendió que la reserva de determinadas actuaciones no significa que una investigación quede fuera del control público. Reconoció que la ciudadanía tiene derecho a estar informada y que la prensa debe poder publicar dentro del marco legal, pero consideró que eso no justifica que funcionarios utilicen información reservada para fines ajenos a sus obligaciones.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos busca esclarecer el origen de los materiales difundidos, reconstruir cómo circularon e identificar a las personas que pudieron haber intervenido en las filtraciones. Entre otros aspectos, los legisladores solicitaron investigar quiénes tuvieron acceso a los registros y cómo fueron entregados a terceros.
“El secreto de una investigación penal no está para proteger ni perjudicar a nadie según la conveniencia del momento. Está para garantizar que la Justicia pueda actuar con independencia y eficacia”, sostuvo Blas.
Finalmente, el legislador insistió en que el objetivo es que se determinen las responsabilidades correspondientes. “La filtración existió. Ahora hay que encontrar a los responsables”, concluyó.
