«A la fecha las gremiales sólo han efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas al respecto» manifestaron desde la Suprema Corte de Justicia en un comunicado en el marco de una denuncia de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay sobre «graves situaciones de violencia y acoso laboral que vienen ocurriendo en las oficinas de la Dirección General de los Servicios Administrativos».
“Las conductas descritas son graves y se atribuyen a personas individualizadas que cumplen funciones en la Dirección General de Servicios Administrativos, lo que determinó que la Suprema Corte de Justicia, el mismo día en que fue presentada la denuncia, dispusiera una investigación administrativa con carácter urgente aun cuando en la denuncia no se identifican cuáles son las personas afectadas” recordó la SCJ.
La institución judicial se recordó a si misma como “garante de todos los derechos en juego, (y) debe adoptar las medidas administrativas conducentes y hábiles para instruir debidamente la denuncia en la búsqueda de la verdad material de los hechos”.
La SCJ en el comunicado explicó que ya existe una investigación administrativa para determinar los hechos y las personas responsables de los mismos, así como para determinar quiénes son los funcionarios afectados, y que esto “de ninguna manera implica convalidación de lo actuado por las personas denunciadas, sino que se consideran medidas indispensables para resolver los pasos a seguir”.
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