La Asamblea Mar Libre de Petroleras y SOCOBIOMA se pronunciaron luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno revocara la sentencia que había declarado que el Poder Judicial no tenía competencia para intervenir en la causa vinculada a los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos offshore en Uruguay.
En ese sentido, este jueves 21 de mayo emitieron un comunicado donde señalaron que el Tribunal determinó que la acción presentada apunta contra contratos ya celebrados y no contra actos administrativos, por lo que su validez “puede y debe ser controlada por el Poder Judicial”.
La resolución deja sin efecto el fallo emitido anteriormente por el Juzgado Letrado Civil de 8º Turno que había clausurado el proceso por falta de jurisdicción. De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, aquella decisión había permitido el avance de la campaña de prospección sísmica de la empresa CGG “sin que ningún juez analizara la constitucionalidad, legalidad y validez ambiental de los contratos petroleros”.
Además de ordenar que el proceso continúe, el Tribunal dispuso el apartamiento del juez que había archivado las actuaciones.
Desde Mar Libre de Petroleras expresaron que lo que estaba en discusión “no era solamente un aspecto técnico sobre competencia”, sino la posibilidad de que los contratos petroleros offshore quedaran “fuera de todo control judicial efectivo”.
En el comunicado también se advierte que las autorizaciones ambientales vigentes permiten realizar campañas de prospección sísmica únicamente entre noviembre y abril, por lo que consideran que aún existe margen para impedir nuevas intervenciones antes de la próxima temporada.
Por ese motivo, las organizaciones solicitaron que la jueza subrogante analice con urgencia la medida cautelar de “no innovar”, con el objetivo de frenar nuevas actividades de prospección sísmica mientras se resuelve el planteo de nulidad de fondo.
“No hay contratos por encima de la Constitución. No hay contratos por encima del mar uruguayo. No hay una zona de impunidad para las petroleras”, concluye el documento.
