Hoy es el día designado por la ONU como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y este año coincide con dos eventos importantes. El primero es el inicio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable (2021-2030), que marca el comienzo de diez años de colaboración en el sector para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades.
El segundo es la conmemoración del vigésimo aniversario de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y la cuarta revisión y evaluación de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA, por sus siglas en inglés). Ambos hitos nos brindan la oportunidad de dar un empuje a la acción internacional para avanzar en la agenda del envejecimiento.
Ambos objetivos incluyen acciones de revisión de políticas, promulgación de leyes e iniciativas de sensibilización, información, capacitación e investigación.
15 de junio en Uruguay
En nuestro país, cada día internacional de la Organización de las Naciones Unidas supone una oportunidad para poner de relieve y priorizar un tema, y problema, cuyo impacto poblacional es muy importante.
Se define el maltrato de los adultos mayores como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”. Este maltrato puede adoptar distintas formas: maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser resultado de la negligencia, sea intencional o no, aunque en muchas ocasiones tiene de ambos componentes.
Aunque en Uruguay se carece de sistemas de registro e información sobre este tema – como ocurre en la mayoría de los países de América Latina – en base a los índices de prevalencia de abuso y/o maltrato en todas sus expresiones, registrados en Manitoba (Canadá) de un 4% y con el promedio establecido de un 10% en las comunidades según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede hacer la proyección de que en nuestro país habría 47.000 personas mayores víctimas de maltrato.
Este tipo de maltratos existe en todas las clases sociales. Es probable que en el contexto de la pandemia de covid-19, en el que se estableció el aislamiento físico como una medida de prevención de contagio del virus a esta población vulnerable y susceptible a desarrollar cuadros graves de la enfermedad, la medida haya devenido en aislamiento social, con una completa ausencia de contactos y vínculos exteriores al núcleo de convivencia, y esto haya implicado un terreno fértil para que se desarrollaran más prácticas de abuso y maltrato.
Estas situaciones ocurren predominantemente en el hogar y la comunidad, a cargo de familiares o cuidadores habituales, pero también existe el maltrato institucional, el que ocurre en los hogares o residenciales, que según estudios internacionales, serían aún más frecuentes. En el contexto social las personas mayores sufren discriminación por edad, prejuicios despectivos (atributos de minusvalía entre otros) y se les adjudica un rol poco participativo socialmente.
Es importante integrar a las prácticas cotidianas en la salud la averiguación de este tipo se situaciones. A lo largo del tiempo se priorizó primero la pesquisa y abordaje a la violencia ejercida sobre las mujeres, luego sobre los niños y, con cierto retardo, la violencia sobre personas mayores y discapacitados. Es necesario que se asocie al enfoque de género también el de generaciones y curso de vida.
Si bien el abuso y maltrato hacia nuestros mayores ha sido un tema tabú, nuestro país es nuevamente pionero en esta área con avances realizados como la ratificación en 2016 de la “Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta ratificación, que fue aprobada por todos los partidos políticos con expresión parlamentaria, aunque ya tiene efectos vinculantes con nuestro contexto legal, debe aún integrarse en el marco legal y de derechos.
Es preciso asumir respuestas multidimensionales que congreguen a la sociedad civil, el Estado y los efectores sanitarios o prestadores de servicios de salud. Los equipos de salud desempeñan un rol fundamental con acciones de promoción de cuidado, prevención de situaciones de violencia, detección y atención de las mismas. El abordaje multidisciplinario que incluya una mirada bio psico social también es necesario con el desarrollo de equipos referentes de violencia. Los instrumentos como las guías de abordaje y protocolos institucionales para este tipo de situaciones en distintas etapas de la vida también son útiles.
Algunos consejos para prevenir el abuso y maltrato de personas mayores:
Que se mantengan activos y socialmente comunicados e integrados.
Que no acepten realizar poderes genéricos a cambio de cuidados.
Que no acepten convivir con personas con trastornos mentales o adicciones por más allegados que sean
Que no realicen testamentos en beneficio de personas que prometen cuidarles si los firman.
Que no deleguen en terceros el cobro de jubilación o pensión salvo situaciones extremas donde no pueda decidir sobre sus asuntos financieros.
Que no realicen préstamos al consumo a nombre de terceros bajo supuestos de que serían utilizados en su bien.
Que si son maltratados denuncien o comenten la situación con amigos, vecinos, en la consulta médica; disparar los mecanismos institucionales una vez que se da conocimiento de la situación tiene un reconocido efecto protector.
Puede profundizarse el tema en: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tematica/salud-adulto-mayor
