El diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverría, presentó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados una batería de cinco proyectos de ley orientados a endurecer la respuesta penal contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Es hora de pasar de la indignación a los hechos. Estas son medidas concretas que buscan desarticular a las mafias, aislar a sus líderes y devolver tranquilidad a la ciudadanía”, expresó el legislador al fundamentar la iniciativa que se enmarca en el aumento de la criminalidad organizada y episodios como el atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que provocó un amplio debate sobre la seguridad en Uruguay.
Aumento de penas para el tráfico de armas
El proyecto busca endurecer las sanciones por tráfico de armas, tanto internacional como interno, debido a que las penas actuales son bajas y el delito resulta rentable, favoreciendo la circulación ilegal de armas en Uruguay. Se señala que la proximidad de las fronteras con Brasil y Argentina facilita el contrabando, y que países vecinos aplican penas mucho más severas (Brasil: 6 a 16 años; Argentina: 4 a 15 años).
Cambios propuestos:
Tráfico internacional de armas:
Pena mínima pasa de 12 meses a 4 años de prisión.
Pena máxima de 12 años.
Si el delito es cometido por miembros de organizaciones criminales, la pena aumenta en un tercio.
Tráfico interno y fabricación ilegal de armas:
Pena mínima pasa de 6 meses a 4 años.
Pena máxima de 6 a 8 años.
Aumento en un tercio si el delito involucra organizaciones criminales.
Aumento de penas para grandes narcotraficantes
El proyecto propone agravar las penas en función de la cantidad de drogas ilícitas poseídas, dado que mayores cantidades incrementan el riesgo de distribución masiva, daños a la salud pública y delitos asociados. Esta medida se ajusta al principio de proporcionalidad, buscando que la sanción refleje la peligrosidad y el impacto del delito.
Además, la posesión de grandes volúmenes suele vincularse a organizaciones delictivas con alta capacidad operativa, por lo que la agravante también busca desarticular estos grupos y reducir su poder económico y criminal.
Se plantea un artículo adicional para evitar inconsistencias legales y permitir acumular distintos tipos de drogas. Este criterio ya se aplica en legislaciones extranjeras, como el Código Penal español, que sanciona más severamente la droga de “notoria importancia”.
Ley Especial para el combate a las organizaciones criminales
El proyecto busca endurecer las penas para los integrantes de organizaciones criminales en Uruguay, ante la expansión de bandas delictivas que generan violencia, especialmente homicidios por enfrentamientos territoriales. Muchas de estas estructuras, conocidas como “clanes familiares”, llevan décadas operando y son difíciles de desarticular porque los integrantes que no participan directamente en un delito escapan a la justicia.
La ley se inspira en experiencias internacionales como Italia (artículo 416-bis del Código Penal) y Estados Unidos (Ley RICO), que permiten sancionar a todos los miembros de grupos criminales, incluso sin haber cometido delitos directos, desincentivando la participación y debilitando la estructura delictiva. Se propone también aislamiento en prisión de líderes para evitar que mantengan su influencia.
El proyecto incluye un agravante para vínculos con organizaciones internacionales, considerando la presencia en la región de grupos peligrosos como Tren de Aragua, PCC, Comando Vermelho y carteles colombianos y mexicanos.
Combate a la violencia asociada a la criminalidad organizada
El proyecto busca agravar las penas por homicidios vinculados al crimen organizado, especialmente aquellos motivados por venganzas, disputas entre bandas o demostraciones de poder. La iniciativa modifica el artículo 312 del Código Penal para adaptar la legislación a la realidad actual de la criminalidad organizada, siguiendo experiencias internacionales y principios del Derecho Penal.
Se presta especial atención a menores de edad y personas ajenas a las bandas, quienes son víctimas frecuentes y vulnerables. La medida busca reforzar la prevención, proteger la seguridad pública y garantizar el Estado de Derecho, asegurando una respuesta penal contundente frente a la violencia estructural generada por estas organizaciones.
Aumento de pena para tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas
El proyecto busca endurecer las penas por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas de alto riesgo, como nitazenos y xilazina, debido a su potencia extrema y alto riesgo de sobredosis y adicción. Aunque en Uruguay solo se han detectado casos aislados, se busca prevenir su llegada y desincentivar su tráfico ilícito mediante sanciones más severas, siguiendo el ejemplo de medidas aplicadas anteriormente a la pasta base de cocaína.
Se enfatiza que la experiencia histórica del país como centro de acopio de drogas evidencia la necesidad de anticipar regulaciones y reforzar la respuesta penal frente a estas sustancias de peligro extremo.
