El diputado nacionalista Pablo Abdala cursó un pedido de informes a la Presidencia de la República para conocer las razones de la “llamativa demora” en resolver la situación de Alejandra Casablanca, sobre quien pesan acusaciones de maltrato y acoso laboral por parte de funcionarios que dependen de ella realizadas en noviembre del año pasado.
El legislador sostuvo que “ya hace varios meses” que pesa sobre Casablanca una “denuncia por acoso laboral” y en base a eso consultó sobre los detalles de los procedimientos que se han llevado adelante y “por qué no se ha resuelto aun la situación”.
En ese marco, Abdala consultó si “es correcta” la versión de que el caso fue analizado por el Departamento de Servicio y Prevención y Salud en el Trabajo, y que esa dependencia estatal constató una situación de “violencia generalizada”.
“¿Es verdad que los informes solicitados sobre el caso a la división jurídica de la Presidencia ya se habrían producido y se encontrarían a disposición de los jerarcas (presuntamente desde el mes de enero)?”, preguntó el diputado Abdala.
El legislador nacionalista también realizó preguntas sobre las “medidas cautelares” adoptadas para proteger a los denunciantes, que según trascendió fueron trasladadas a otras reparticiones, aunque eso “no resultó suficiente para prevenir los riesgos de revictimización”.
Por último, Abdala preguntó en qué medida la situación afectó la gestión que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos
En marzo, el diario El País informó que cuatro funcionarias que habían denunciado a Casablanca denunciaron a Casablanca por “destratos”, “insultos” y “violencia psicológica, todavía no habían recibido respuesta de las autoridades, a pesar que quede acuerdo un informe del Departamento de Servicio y Prevención de Salud en el Trabajo que había constado situaciones de “violencia generalizada”.
En esa oportunidad, Gustavo Méndez, un militante frenteamplista con vinculación con organizaciones defensoras de derechos humanos y causas del pasado reciente dijo que una funcionaria sufrió “agresiones de índole sexual” y reclamó una pronta definición del gobierno.
No es la primera vez que Casablanca es acusada de ejercer situaciones de este tipo sobre sus subalternos. En 2021, cuando era directora del canal TV Ciudad de la Intendencia de Montevideo, la comunicadora Denisse Legrand la denunció por violencia.
Luego de una investigación, la Intendencia desestimó el reclamo de Legrand y negó que haya existido violencia por parte de Casablanca. «No esperaba otra cosa, es una investigación llevada adelante por la propia gestión donde la denunciada es una jerarca a la que respaldaron desde el primer momento. Incluso mediaron para ofrecerme las disculpas de Casablanca y que las acepte en lugar de presentar una denuncia», dijo Legrand en esa oportunidad.
La Secretaría para el Pasado Reciente procurará el conocimiento de los hechos la verdad sobre la memoria histórica y las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el período de quebrantamiento del Estado de Derecho de acuerdo a la normativa vigente, según consigna su página web en sus cometidos.
Tendrá a su cargo el Archivo de Pasado Reciente con la documentación e información completa y organizada recopilada hasta la fecha y la que eventualmente se reciba en el futuro.
