En la tarde del lunes 22, en Uruguay el tema dominante era el pobre desempeño de la selección de Marcelo Bielsa en el partido de la noche anterior ante Cabo Verde. Hasta que el presidente Yamandú Orsi instaló a través de su cuenta de X un tema que sorprendió a propios y ajenos, vinculado al uso de vehículos militares en tareas de seguridad interna.
“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones; son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea”, escribió Orsi, citando una nota publicada por el semanario Búsqueda.
El artículo, en el que se recogían declaraciones del ministro Negro en una comisión parlamentaria, decía: “Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad. Se trata de vehículos blindados Mamba que estarán conducidos por militares bajo el mando de la Policía Nacional”.
El anuncio llamó la atención por varias razones. Para empezar, porque para referirse al tema que genera más preocupación entre los uruguayos, el presidente no utilizó canales oficiales, ni hubo comunicado de prensa, ni conferencia de prensa de él o los ministros implicados. Orsi optó por citar una nota publicada por un medio de prensa, que recogía con precisión las declaraciones en las que el ministro Negro.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron las dudas. Primero la ministra de Defensa Sandra Lazo intentó bajar el perfil al tema, que había escalado en redes sociales, donde militantes frenteamplistas se expresaron en rechazo ante la posibilidad de que salieran soldados a la calle. A eso se fueron sumando dudas de la oposición acerca de la habilitación legal para una tarea de ese tipo.
Ayer en la tarde, el propio Orsi volvió sobre el tema y generó más dudas sobre lo que el día anterior había calificado de proyecto “muy avanzado”. “La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos”, dijo el mandatario.
“Así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que, si algunos de esos vehículos son manejados por ellos, tengan un incentivo. O será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero el concepto es: recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar”, dijo Orsi.
El senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García dijo a Portada que la legislación actual no permite que los militares actúen en seguridad pública. “Se requiere una ley que los autorice y además que los ampare legalmente si tienen que usar el arma. Porque tiene que ir armados sino son carne de cañón”, explicó García.
“Son asuntos muy puntuales, requieren con un marco legal muy preciso, porque la seguridad interna es policial. Para el patrullaje de fronteras nosotros en el gobierno anterior hicimos una ley”, agregó.
El exministro dijo que se trata de una “improvisación total” por parte del gobierno porque los vehículos mencionados por el mandatario están destinados a otros fines. “El tema de los Mamba, que son los blindados que gestioné con Estados Unidos, son una donación modal. Quiere decir que es una donación con destino específico, no se puede cambiar. El destino que tienen es para Misiones de Paz. Entonces es un tema jurídico y también internacional, porque se estaría cambiando el destino de una donación que hizo Estados Unidos para ser utilizados por Naciones Unidas. Me parece que eso no lo tuvieron en cuenta”, agregó.
