El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió presentar una denuncia penal contra su expresidente Leonardo Cipriani, así como contra los exintegrantes del directorio Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, y el exgerente general Eduardo Henderson.
La decisión, adoptada por unanimidad, surge a partir de una investigación administrativa que detectó presuntas irregularidades en la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024.
Según publicó el diario El Observador este viernes 24 de abril, entre los puntos cuestionados se encuentran contrataciones con la empresa de traslados ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico para el uso de camas de CTI y cuidados moderados, así como situaciones vinculadas al Hospital de Treinta y Tres.
Además, el directorio dispuso la apertura de sumarios administrativos para el exgerente financiero Juan Behrend, el exdirector del SAME 105 José Antonio Rodríguez y otros funcionarios, incluidas autoridades del Hospital de Treinta y Tres.
De acuerdo al informe jurídico elevado al directorio, la magnitud de los montos involucrados, las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas y la eventual afectación de fondos públicos justifican dar intervención a la Justicia penal. El documento advierte que los hechos podrían encuadrarse en delitos vinculados al manejo irregular de recursos estatales y abuso de funciones.
En relación a ITHG, la investigación señala que no existió un procedimiento competitivo en las contrataciones y que la empresa concentró el 96,47% del gasto del SAME 105. También se cuestiona un presunto fraccionamiento del gasto para evitar licitaciones públicas, lo que es considerado una falta grave.
Por otra parte, se detectaron irregularidades en los convenios con el Casmu y el Círculo Católico, donde el cambio en la modalidad de contratación -pasando a una tarifa plana mensual- habría generado un aumento significativo del gasto. Asimismo, se mencionan modificaciones realizadas sin los controles requeridos y debilidades en los sistemas de fiscalización.
La investigación también advierte sobre pagos sin respaldo adecuado, facturación sin verificación independiente y servicios que no pudieron ser debidamente acreditados, lo que refuerza las observaciones realizadas previamente en una auditoría interna.
