En el contexto de la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 4), cuya presidencia fue asumida por Uruguay, la organización Mar Libre de Petroleras Uruguay hizo pública una denuncia en la que cuestiona la actuación del Estado en materia de transparencia y acceso a la justicia ambiental.
Según el colectivo, la llegada de empresas petroleras al territorio nacional ha estado marcada por “falta de información clara” y limitaciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos. En ese sentido, sostienen que distintas organizaciones sociales, sindicatos y actores del ámbito académico han impulsado hasta cinco procesos judiciales vinculados a esta problemática, los cuales tuvieron resultados similares, caracterizados por “justificaciones ambiguas y vacíos administrativos”.
Desde Mar Libre de Petroleras Uruguay entienden que estos antecedentes evidencian que el acceso a la justicia ambiental en el país “no ha sido efectivo”, en contraposición con los principios que promueve el Acuerdo de Escazú, orientado a garantizar derechos como la participación pública, el acceso a la información y la protección del ambiente.
La organización también cuestiona que, pese a estas situaciones, el Estado uruguayo destaque su rol al frente del acuerdo regional. “Se enorgullece de presidir un tratado que justamente busca asegurar derechos que en la práctica no se están garantizando”, señalan en la carta difundida.
El documento expone lo que consideran vulneraciones a derechos ambientales en el territorio e invita a organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes y colectivos a adherirse a la denuncia pública.
La proclama será presentada en la próxima cumbre vinculada al acuerdo, que se desarrollará en Bahamas.
Desde el colectivo convocan a respaldar la iniciativa mediante un formulario abierto, con el objetivo de sumar apoyos a nivel nacional e internacional bajo la consigna: “Por un mar libre de petroleras” y “Nuestro mar no es territorio de saqueo”.
