El edil del Partido Nacional, Javier Sosa, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Unidad N.º 13 de Las Rosas en Maldonado, tras una recorrida realizada junto a otros integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario. El curul aseguró que la realidad constatada confirmó la información extraoficial que manejaban previamente y dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el establecimiento penitenciario.
Sosa explicó que, antes de la visita, contaban con datos aportados de manera informal y también con el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, emitido en septiembre de 2025 sobre el ejercicio correspondiente a 2024. Según señaló, desde entonces no se habían realizado nuevas visitas institucionales al centro de reclusión.
“Nos llevamos sentimientos encontrados, porque cuando te cuentan cómo se está viviendo dentro de la cárcel, uno espera que la realidad no sea tan grave. Lamentablemente es así”, afirmó.
Uno de los principales problemas señalados por el edil es la sobrepoblación. Indicó que el establecimiento fue diseñado para albergar a unas 570 personas privadas de libertad, pero actualmente cuenta con alrededor de 1.270 internos, más del doble de su capacidad.
Además, explicó que las celdas fueron construidas originalmente para tres personas, aunque en algunos casos conviven entre nueve y diez reclusos en espacios muy reducidos, situación que repercute directamente en las condiciones de vida y en la seguridad dentro del recinto.
Sosa también hizo énfasis en la falta de personal para atender la demanda operativa.
Según informó, la cárcel tiene una plantilla de aproximadamente 138 funcionarios, de los cuales entre 30 y 34 se encuentran con licencia médica prolongada, lo que reduce considerablemente la cantidad de efectivos disponibles.
A esto se suma el régimen de trabajo del personal, que implica jornadas de 12 horas y una semana de labor por otra de descanso, por lo que en cada turno quedan poco más de veinte funcionarios para cubrir tareas de custodia, revisiones, administración, traslados y vigilancia de personas internadas en centros de salud.
El edil sostuvo que esta situación dificulta el funcionamiento cotidiano del establecimiento y limita las posibilidades de desarrollar actividades de rehabilitación, como talleres educativos, capacitación laboral y otras propuestas dirigidas a la reinserción social.
Asimismo, señaló que la escasez de personal complica los días de visita, las salidas al patio y los momentos de recreación de los internos, quienes permanecen muchas horas encerrados. También manifestó preocupación por las condiciones de higiene y de atención sanitaria.
“Te quedás con la visión de algo que no está resultando. Es un error que esta cárcel esté funcionando de esta forma. No está ayudando a la rehabilitación de nadie”, concluyó Sosa.
