En marco de la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, el diputado por el departamento de Maldonado, Diego Echeverría, planteó una batería de consultas sobre temas sensibles en materia de seguridad pública, vigilancia tecnológica, desarme civil y política penitenciaria.
Con respecto a “El Guardián”, el sistema de interceptación de comunicaciones utilizado por la Policía Nacional. Echeverría consultó sobre la previsión presupuestal destinada a la Dirección General de Apoyo Tecnológico -unidad a cargo del dispositivo- y preguntó específicamente si están previstas mejoras en su funcionamiento y prestaciones.
También interrogó al ministro sobre las escuchas ambientales, es decir, aquellas que no dependen de la interceptación de teléfonos sino que captan conversaciones en espacios abiertos mediante dispositivos de audio. El diputado cuestionó si esta herramienta ha sido utilizada por el Ministerio, si se continúa empleando y, en tal caso, si existe un protocolo formal que regule su uso, dada la sensibilidad del tema y los derechos fundamentales involucrados.
En relación con la anunciada política de desarme civil, Echeverría manifestó su discrepancia. “El problema son los delincuentes, no el ciudadano honesto que tiene derecho a defenderse”, argumentó. A su entender, las políticas de desarme no son efectivas y abogó por facilitar la regularización de armas legales en manos de civiles. Además, pidió avances en el tratamiento de un proyecto de ley de su autoría que propone aumentar las penas por tráfico de armas, buscando equiparar la normativa uruguaya con la de Argentina y Brasil.
Otro de los temas abordados fue la desprisionalización, sobre la cual el legislador expresó preocupación. Recordó que, históricamente, una baja en la cantidad de personas privadas de libertad ha coincidido con aumentos en delitos violentos como la rapiña. Citó como ejemplo el período 2017-2018 y respaldó su análisis con un estudio académico presentado en 2009 por los investigadores Daniel Bukstein y Federico Montossi.
Finalmente, Echeverría solicitó información sobre el fallecimiento reciente de una persona en situación de calle en la ciudad de Las Piedras, planteando dudas sobre una eventual descoordinación entre el Ministerio del Interior y la Intendencia de Canelones en la atención de este caso.
