Una nota del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano ofrece las razones del reciente decreto sobre la necesidad de vacunar a quienes trabajan en sectores particulares en relación con el público: contemplar la tutela de la comunidad y la libertad de elección individual.
En el texto se especifica que «entre estas medidas por recomendación de la Autoridad Sanitaria del Estado, se puede considerar necesario recurrir a la vacunación para determinados contextos: en actividades laborales relacionadas con el servicio público, las relaciones con terceros o de riesgo para la seguridad de la comunidad laboral.
Por lo tanto, la adhesión voluntaria a un programa de vacunación debe tener en cuenta el riesgo de que cualquier negativa del interesado pueda suponer un riesgo para sí mismo, para los demás y para el entorno de trabajo».
Por este motivo -se lee en la nota – la protección de la comunidad puede prever, para quienes se niegan a la vacunación en ausencia de razones sanitarias, la adopción de medidas que, por un lado, minimicen el peligro en cuestión y, por otro, permitan encontrar soluciones alternativas para el desempeño del trabajo por parte de la persona afectada».
La nota emitida por el Governatorato recuerda que «la referencia a las Normas preexistentes para la protección de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales que deben observarse en los controles de salud con vistas a la contratación de personal y durante la relación laboral y Normas para la protección de los trabajadores que padecen determinadas enfermedades graves o en condiciones psicofísicas particulares del 18 de noviembre de 2011 debe considerarse, por tanto, como un instrumento que en ningún caso tiene carácter sancionador o punitivo, más bien pretenden permitir una respuesta flexible y proporcionada al equilibrio entre la protección de la salud de la comunidad y la libertad de elección individual sin poner en marcha ninguna forma de represión contra el trabajador».
