La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández, se refirió a la propuesta de la Intendencia de Maldonado de facilitar el retorno a sus departamentos de origen de personas que recuperan la libertad tras cumplir su pena en la cárcel de Las Rosas.
Fernández aclaró que el organismo aún no se ha pronunciado formalmente sobre la iniciativa, aunque, desde su opinión personal, manifestó que no estaría de acuerdo con una medida que pudiera implicar una restricción territorial para estas personas.
“No nos hemos pronunciado, pero en principio, y desde mi opinión, no estaríamos a favor”, señaló.
La directora explicó que una política que implique desplazar a personas o impedirles posteriormente el ingreso a determinado departamento podría entrar en contradicción con los principios de derechos humanos. “No sería algo que va en línea con lo que pueden ser los derechos humanos”, afirmó.
Sin embargo, Fernández realizó una distinción respecto a la posibilidad de que la Intendencia destine recursos para que las personas liberadas puedan trasladarse voluntariamente hacia sus lugares de origen.
En ese sentido, sostuvo que comprende la preocupación existente en torno a la situación y consideró necesario buscar alternativas que contemplen los derechos de todas las partes involucradas.
“La preocupación se entiende, hay que buscar otras formas, otras formas que sean respetuosas de los derechos de todos”, expresó.
La jerarca aclaró que no conoce en detalle la propuesta planteada por la Intendencia de Maldonado, por lo que evitó realizar una valoración definitiva sobre su alcance y funcionamiento.
De todos modos, estableció como criterio general que cualquier solución debe contemplar tanto las necesidades del departamento que recibe a las personas privadas de libertad como los derechos de quienes recuperan su libertad.
“En términos generales tienen que ser soluciones que sirvan para ambas partes y que sean respetuosas de los derechos de ambas partes”, sostuvo.
Finalmente, Fernández dejó abierta la posibilidad de que una iniciativa de estas características pueda contar con respaldo si se desarrolla dentro de ese marco.
“Si la propuesta es respetuosa de los derechos de ambas partes, por supuesto se puede avalar. Si no lo es, no”, concluyó.
