El Congreso de Intendentes avanzó este jueves 24 de setiembre en la elaboración de un reglamento nacional para los vehículos de movilidad personal, entre ellos los monopatines eléctricos, con el objetivo de que las 19 intendencias apliquen criterios uniformes de fiscalización.
La propuesta fue analizada durante la 17.ª sesión plenaria del organismo, realizada en su sede de Montevideo y con la participación del intendente de Maldonado, Miguel Abella.
Durante la jornada, representantes del Congreso y directores de Tránsito de todo el país recibieron un informe técnico vinculado al SUCIVE, presentado por el asesor César García, con detalles sobre las medidas previstas para este tipo de vehículos.
Entre los principales criterios planteados se establece que los monopatines eléctricos podrán ser utilizados por una sola persona. También se prevé una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y el uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo.
Los vehículos deberán contar además con sistemas de iluminación delantera, trasera y lateral, con el objetivo de mejorar su visibilidad frente al resto de los usuarios de la vía pública.
En materia de permisos se manejan dos franjas. Una comprenderá a adolescentes desde los 14 o 16 años, dependiendo de la reglamentación de cada departamento, quienes deberán contar con autorización de sus padres o tutor. La otra estará destinada a mayores de 18 años.
Otro de los puntos relevantes es que finalmente no se prevé cobrar patente a estos vehículos, una posibilidad que había sido considerada inicialmente.
Sí se proyecta la creación de un registro vinculado al Seguro Obligatorio de Automotores, acompañado de un sistema de identificación mediante un “tag” que sería implementado por el Congreso de Intendentes.
La iniciativa apunta a establecer un marco común para una modalidad de transporte que viene ganando presencia en las ciudades y que actualmente presenta diferencias regulatorias entre los distintos gobiernos departamentales.
El SUCIVE ya funciona como sistema común para trámites y registros vehiculares en los gobiernos departamentales, dentro de una política de unificación de criterios a nivel nacional.
