El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad un proyecto de readecuación del sistema de multas de tránsito que introduce una rebaja en los valores para quienes regularicen su situación, pero excluye de este beneficio a las infracciones consideradas más graves.
La iniciativa, que ahora será remitida a la Unidad Nacional de Seguridad Vial, surge del trabajo de una comisión creada previamente y deberá ser incorporada en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo.
El documento establece que las multas incluidas en el Decreto 303/023 de la Ley 19.824 tendrán una reducción unificada del 50% para aquellos infractores que reconozcan la falta y abonen el monto al contado antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente.
Sin embargo, el proyecto determina que ciertas infracciones no estarán contempladas dentro de este beneficio. Entre ellas se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, negarse a realizar las pruebas correspondientes, participar en picadas ilegales, circular a velocidades que dupliquen o superen ampliamente los límites permitidos, y conducir sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante.
También quedan excluidas otras conductas vinculadas a la seguridad vial, como no utilizar cinturón de seguridad, no usar casco en motociclistas y transportar a menores de 12 años en el asiento delantero o sin el Sistema de Retención Infantil.
El presidente del Congreso e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó el consenso alcanzado entre los jefes departamentales y señaló que el objetivo de la medida es facilitar el pago de las multas sin dejar de lado la firmeza frente a las infracciones más peligrosas.
“Este nuevo esfuerzo de adecuación busca que las multas sean pagables y que la gente pueda cumplir”, expresó.
La iniciativa apunta a equilibrar el cumplimiento de las normas con incentivos para la regularización, manteniendo un enfoque estricto en aquellas conductas que representan mayores riesgos para la seguridad en el tránsito.
