El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu). En ese ámbito insistió en que se debe optimizar el gasto y los recursos, con un “esfuerzo unificado” y una política de vivienda “generalizada” para un “mejor funcionamiento”, ya que actualmente, manifestó, varios organismos están dedicados a la vivienda.
En el encuentro, la Appcu le transmitió al equipo de Ojeda que el aspecto que más le preocupa es la vivienda promovida, considerada un “boom actual en la sociedad”, teniendo en cuenta que hay más de 34.000 construidas y en construcción, según manifestó su director ejecutivo Aníbal Durán.
La ley 18.795 de vivienda promovida fue concebida para facilitar el acceso a viviendas de sectores de ingresos medios y otorga beneficios a los inversores privados, promoviendo la inversión privada en construcción, refacción o ampliación de viviendas que podrán tener como destino tanto la venta como el alquiler. El programa impulsa la regeneración urbana en zonas centrales de Montevideo que cuentan con infraestructura y servicios, así como en zonas urbanas del interior del país.
Durán dijo que otro asunto que preocupa a la Appcu son los megaproyectos “donde hay una inversión de 4.500.000 de dólares, mínimo”. Señaló que “hubo un matiz” con Isaac Alfie respecto a “la permanencia o no de los megaproyectos que se construyen en todo el país”, añadiendo que “no hay zonificación como sí en vivienda promovida”. Según Durán, el Partido Colorado analizará este aspecto.
El director ejecutivo aseguró que el Estado no pierde dinero con la excepción impositiva a la vivienda promovida, sustancialmente, pero tampoco a los megaproyectos. Explicó que “lo que se dejó de cubrir por un lado se gana por otro”, detallando que las barracas y los profesionales pagan tributo, y señalando además que genera empleo, ya que hay un número estructural de obreros directos de la industria de la construcción de 55.000, y que la cifra aumentó en 15.000 puestos en cinco años.
Expresó que por cada obrero directo hay uno indirecto, es decir, que hay más de 120.000 obreros vinculados a esta industria, según las cifras de la Appcu.
Aseguró que las viviendas promovidas son ocupadas, no solo por usuarios finales, sino que son compradas por inversores, fundamentalmente argentinos, que arriendan, lo que lleva a una oferta “importante” de alquileres “bajando el precio del alquiler, por ejemplo, en el Cordón”.
Señaló que construir en Uruguay es caro, debido a los aportes de la industria de la construcción: “Por cada 100 pesos que se le paga a un obrero, hay que pagarle 80 al BPS por parte del promotor privado”; agregó que también son caros los terrenos y que el valor del dólar juega en contra porque venden en dólares, pero los costos son en pesos.
El presidenciable Andrés Ojeda destacó la construcción de viviendas de interés social por parte de la Appcu, en un país “que tiene el desafío de vivienda muy grande y una deuda de vivienda, que en este período ha sido uno de los puntos que quizás no fue de los más desarrollados”.
Opinó que se debería promover la vivienda para el próximo gobierno, tratando de flexibilizar y facilitar el acceso universal. También dijo que se debe optimizar el gasto y los recursos, con un “esfuerzo unificado” y una política de vivienda “generalizada” para un “mejor funcionamiento”, ya que actualmente -manifestó- varios organismos están dedicados a la vivienda.
Valoró que se haya avanzado en la actual administración en la erradicación de asentamientos, y agregó que para el presupuesto que tenía asignado el Ministerio de Vivienda se podría tener “una clase media con un mejor acceso”, aclarando que esto no significa que haya habido “menos esfuerzo”, sino que “el resultado debió haber sido mayor”.
Respecto a las exoneraciones fiscales, expresó que no está en contra “en la medida que tengan una utilidad medible detrás”.
