El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que al inicio de la administración, la situación del país en materia de seguridad exigió trabajar en “dos velocidades”: tomar medidas y acciones urgentes y, por otra parte, diseñar una política pública de mediano plazo, que trascienda la administración.
La elaboración del plan se dividió en tres etapas. En primer lugar, se elaboró un diagnóstico para trabajar sobre la evidencia. En segunda instancia, se instaló un proceso de diálogo social y político que incluyó la presencia de casi 80 instituciones, como sindicatos, empresarios, academia y partidos políticos. Por último, se sistematizaron las propuestas, que derivaron en un documento que constituye una hoja de ruta para el resto de la gestión.
Las metas incluyen reducir homicidios y violencia en territorios críticos, incrementar su esclarecimiento y disminuir la impunidad. También se pone el foco en el control operativo de los barrios más violentos combinando la inteligencia policial, “policiamiento inteligente” y disuasión focalizada en los grupos e individuos más violentos.
Además, se trabaja para disminuir de forma sostenida la violencia basada en género, lograr mejorar sistemas de respuesta y protección de víctimas, a partir de fortalecer acceso a la justicia, prevención y detección temprana en ámbitos educativos, de salud, comunitarios y digitales.
Se controlará circulación de armas y municiones, se mejorará su trazabilidad y se reforzarán controles en fronteras y circuitos de distribución. Habrá revisión de penas para porte ilegal y tráfico interno e internacional de armas, la regulación del mercado de municiones y las armas de aire comprimido.
Capítulo aparte tiene el combate al narcotráfico. El objetivo es desarticular redes, perseguir el dinero ilícito, reforzar los controles en fronteras y reducir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios críticos.
El plan procurará ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras y generar un Centro Comando Unificado de Seguridad en esas zonas. También se anunció que se perseguirá la ruta del dinero para desmantelar redes financieras de organizaciones criminales. En 2025, se registraron 47 operaciones de lavado de activos, frente a las seis de 2024.
Además, se incorporarán anillos inteligentes de control territorial en el área metropolitana y fronteras, con el fin de observar, prevenir y visualizar acciones delictivas. El plan se orienta a prevenir e investigar delitos digitales y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, a través del trabajo conjunto. Se implementa la investigación sobre patrones delictivos, con utilización de inteligencia artificial y software para ubicar celulares.
Se descentralizará el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se construirán dos cárceles para personas con perfil de alto riesgo criminal, se implementará un programa de reinserción laboral para personas privadas de libertad, se creará una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios y se trabaja en un proyecto de acciones de justicia terapéutica.
Se prevé intervenir en territorios de mayor riesgo para reducir la violencia, así como promover la inserción educativa y laboral, y la reinserción social.
El presidente Yamandú Orsi valoró el carácter interinstitucional de la estrategia, liderada por el Ministerio del Interior. “Cuando hablamos de tecnología, de cámaras, de identificación facial, es un trabajo que interactúa fuertemente con otros ministerios, como por ejemplo, el Ministerio de Transporte”, ejemplificó.
“Por supuesto que un plan de seguridad de este tipo, cuando trabajamos con gente que tiene problemas de adicción, que está en situación de calle, articula con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud Pública”, agregó.
El plan también coordina con el sector privado. El presidente dijo que las empresas de seguridad mantendrán una mayor interacción con la Policía Nacional.
