Un hombre de 36 años fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por el delito de violencia doméstica agravada en concurso formal con lesiones personales, tras una serie de episodios que comenzaron en mayo de 2024 y que incluyeron agresiones físicas, amenazas y el incumplimiento reiterado de medidas cautelares.
El caso se remonta al 4 de mayo de 2024, cuando el Servicio de Emergencia 911 recibió un llamado por un conflicto familiar en una vivienda ubicada en la calle Agapito Parabera, en el barrio Maldonado Nuevo. Al llegar al lugar, personal de la Guardia Republicana entrevistó a una mujer que denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, presentando raspones y un golpe en el pómulo. La víctima fue asistida en un centro médico y luego trasladada a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, donde formalizó la denuncia.
En esa instancia, la Justicia dispuso medidas cautelares para el agresor, incluyendo prohibición de acercamiento y monitoreo electrónico por un plazo de 180 días.
Sin embargo, el 19 de marzo de 2025, se reportó un nuevo incidente en una vivienda del asentamiento Los Eucaliptos, donde el mismo hombre se presentó de forma agresiva frente a su expareja -que no presentó lesiones físicas- pero denunció amenazas y violencia verbal. La Justicia renovó las medidas de protección con la incorporación del Dispositivo de Monitoreo Electrónico (DIMOE).
A partir de junio, se constató que el individuo incumplió en reiteradas ocasiones la zona de exclusión, siendo intervenido por la Policía en cada ocasión. Finalmente, en la madrugada del 9 de julio, el agresor se alejó del dispositivo rastreador que fue hallado abandonado en las inmediaciones de calle Zoilo Saldombide y Francisco Martínez. Horas después, fue detenido por personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) y trasladado a la Seccional Primera.
La Fiscalía Letrada de San Carlos especializada en Violencia Doméstica y Género ordenó su comparecencia, y el 10 de julio, el Juzgado Letrado de San Carlos de 4.° Turno, especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, dictó la condena a prisión. Además, se le impuso el pago de una reparación patrimonial a la víctima por el equivalente a doce salarios mínimos nacionales, sin perjuicio del derecho a iniciar acciones por la reparación integral del daño.
