Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue sentenciado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.
El fallo profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos.
El juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de «caza de brujas».
Después de tres días de votaciones, los votos a favor de la condena fueron emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.
Tras la votación del ponente, el ministro Alexandre de Moraes , el panel entendió que los acusados deben ser condenados por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio catalogado.
La excepción es el acusado Alexandre Ramagem, quien fue condenado únicamente por los delitos de constitución de una organización criminal armada, intento de abolir violentamente el Estado de derecho y golpe de Estado. Diputado federal en funciones, se benefició de la suspensión parcial de los cargos y solo fue imputado por tres de los cinco delitos imputados por la Fiscalía General de la República.
El voto final para la condena de los acusados fue emitido por el juez Cristiano Zanin, quien preside el panel. El juez dictaminó que los acusados formaban parte de una organización criminal para mantener su poder.
“Las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado Democrático de Derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas”, afirmó Zanin.
Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para el viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político.
