Un hombre de 27 años fue condenado por un delito de fraude informático luego de una investigación iniciada tras un hurto ocurrido en una vivienda del balneario La Barra.
El hecho fue denunciado el pasado 27 de enero en la Seccional 12 de La Barra, cuando un hombre mayor de edad informó que desconocidos habían ingresado durante la madrugada a su domicilio, ubicado sobre calle Los Remansos, mediante una puerta ventana del fondo.
Según la denuncia, los autores se llevaron varios objetos, entre ellos tarjetas de crédito, un reloj Apple, notebooks, tablets, un dispositivo AirTag, billetera, cartera, cargadores y documentación personal. La víctima agregó que posteriormente recibió una alerta por un intento de utilización de una de las tarjetas de crédito que ya había sido denunciada.
Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV realizó diversas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables. Con los elementos recabados, se dio intervención a la Fiscalía de 2° Turno, que dispuso órdenes de detención y allanamiento para las viviendas de los involucrados.
El 10 de febrero, efectivos de Investigaciones, con apoyo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Zona Operacional IV, llevaron adelante allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle Orfilio Valín, en la ciudad de San Carlos. En los procedimientos se incautaron efectos presuntamente vinculados al hurto y otros elementos de interés para la causa, aunque no se logró ubicar a los requeridos.
Ese mismo día, en horas de la noche, personal del PADO III que realizaba un operativo de prevención en calles Lavalleja y Valín, en San Carlos, identificó a Y.A.M.R., de 27 años y sin antecedentes penales, quien fue derivado al Área de Investigaciones IV. Tras ser conducido a Fiscalía y culminadas las actuaciones correspondientes, el 12 de febrero fue llevado ante el Juzgado Letrado de 11° Turno de Maldonado, que dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de fraude informático.
La Justicia le impuso una pena de siete meses de prisión que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Entre las obligaciones impuestas se encuentran residir en el domicilio denunciado sin modificarlo sin previo aviso, someterse a orientación y vigilancia, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente y realizar tareas de servicio comunitario una vez por semana, durante dos horas.
