Una organización que se dedicaba a apropiarse y vender terrenos en Punta Negra mediante documentación falsa quedó parcialmente desarticulada tras una investigación que comenzó en 2019 y que derivó en dos imputaciones y dos condenas. La Fiscalía también solicitó la detención de otras personas vinculadas a la maniobra, entre ellas, el propietario de una inmobiliaria de Piriápolis, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Brasil.
De acuerdo a información publicada por El País, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por Sandra Fleitas, y permitió reconstruir una maniobra basada en la falsificación de poderes para realizar compraventas en nombre de terceros.
Según la investigación, los integrantes de la organización buscaban terrenos cuyos propietarios eran argentinos fallecidos o personas que no concurrían habitualmente al país. De esa manera, detectaban predios que no tenían una custodia permanente y podían ser utilizados para concretar las operaciones fraudulentas.
Para hacerse pasar por los propietarios, utilizaban un poder falsificado. Para confeccionarlo se falsificó una firma y se utilizó el sello de un escribano que había fallecido y que, además, no emitía poderes desde la década de 1980.
Con ese documento, los integrantes de la organización actuaban ficticiamente en nombre de los verdaderos propietarios y realizaban compraventas entre ellos mismos. En esas operaciones no pagaban el valor real del terreno o abonaban sumas mínimas.
Luego, los predios eran vendidos a terceros que desconocían el origen fraudulento de las operaciones. De esas ventas, la organización obtenía importantes ganancias en dólares.
Para concretar parte de las operaciones se utilizaba una inmobiliaria de Piriápolis. Su propietario se encuentra requerido por la Justicia y, de acuerdo con lo señalado por su defensa, actualmente está de vacaciones en Río de Janeiro y tiene previsto regresar a Uruguay este domingo. También fueron requeridos su esposa, su suegra y una escribana.
Dos de los principales involucrados irán a juicio oral
La Justicia imputó a dos de los principales participantes de la organización, quienes deberán afrontar un juicio oral.
Uno de ellos trabajaba en la inmobiliaria utilizada para las operaciones. De acuerdo con la investigación, era quien se encargaba de conseguir los terrenos y en algunas oportunidades se presentaba en padrones ocupados, asegurando ser el propietario e intimando a quienes se encontraban allí a retirarse, incluso bajo amenazas de embargo.
Fue imputado por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y dos delitos de estafa.
El segundo imputado habría sido quien facilitó el poder atribuido al escribano fallecido. Durante un allanamiento realizado en su domicilio se encontraron un sello y fotocopias de documentación utilizada por el profesional.
Según declaró ante Fiscalía, el propietario de la inmobiliaria y su empleado se habían acercado a él para llevar adelante la maniobra.
Fue imputado por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.
La Fiscalía sostuvo que ambos participaron en los distintos negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo.
El Ministerio Público había solicitado para ambos 90 días de prisión preventiva, argumentando que podían entorpecer la investigación y eventualmente entrar en contacto con las personas que aún permanecen requeridas o con testigos.
Sin embargo, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera entendió que no era necesario disponer la prisión preventiva. Los dos deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre, además de tener prohibido comunicarse con las demás personas mencionadas en la investigación.
La magistrada consideró que esas medidas resultan suficientes para evitar posibles interferencias en la investigación y tomó en cuenta el planteo de la defensa, que sostuvo que los imputados desconocen el paradero de las restantes personas requeridas.
Dos condenados mediante acuerdo abreviado
En la misma instancia judicial comparecieron otras dos personas que tuvieron una participación puntual en algunas de las operaciones.
Ambas llegaron a un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fueron condenadas por asociación para delinquir y estafa a 18 meses de libertad a prueba.
Se trata de una mujer que, según la investigación, participó en el esquema sin conocer que las operaciones estaban sustentadas en un poder falso, y de su pareja, quien intervino en algunas de las transacciones.
La investigación continúa abierta y la Fiscalía procura localizar a las restantes personas requeridas. De acuerdo con la información manejada en la causa, otra persona que habría integrado la organización falleció.
