El fiscal Jorge Vaz, quien solicitó la formalización, comenzó su relato argumental señalando que la investigación se inició con una denuncia presentada por 9 ediles del Frente Amplio, complementado con el aporte realizado por la investigación del periodista Jorge Bonica.
Señala que los imputados fueron presidentes de la Junta Departamental de Maldonado. Entre 2020 a 2024, fueron investigados José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, dijo el fiscal.
Agregó que los tres fueron ordenadores primarios de gastos por lo cual tenían la capacidad de disponer contrataciones y pagos.
En cuanto a la presidencia de Correa, el fiscal dijo que dio la conformidad de obras y autorizó el pago de 8 facturas por servicios prestados a la empresa Ramón Sosa por 1.191.913 pesos aproximadamente.
Las mismas fueron realizadas durante el año 2023. Agregó que todas las facturas que aprobó pertenecen a la misma empresa y tienen el reverso una cuenta del BROU que se determinó, pertenece a Facundo Sánchez, hijo de José Luis Sánchez donde se enviaban los pagos.
Agregó que Facundo Sánchez compareció a fiscalía y que fue su padre, José Luis quien le pidió el número de cuenta y le dijo que le girara el dinero a su cuenta, algo que el fiscal señala, se probó mediante las transferencias que aportó Sánchez hijo.
Mencionó que Darwin Correa dijo en su declaración que las obras se realizaron y que la empresa se la presentó José Luis Sánchez, agregando que logró mejorar los precios.
El fiscal dijo que no hay constancia de tipo alguno que las obras se hayan realizado, ni expedientes, ni resoluciones.
Vaz dijo que Ramón Sosa fue citado y expresó que nunca realizó obras en la Junta Departamental y que conocía a Sánchez de San Carlos, señalando que le presentó facturas en blanco y que jamás prestó servicios.
En la presidencia de Alexandro Infante hubo pagos a la misma empresa por 1.307.000.
El fiscal repasó cómo fue diligenciando pruebas a lo largo de la investigación, mencionando los datos aportados por el programa La verdad de la milanesa, declaración de Facundo Sánchez, declaraciones de funcionarios de la junta, capturas de pantalla de las cuentas de Sánchez, así como las declaraciones de la empresa Ramón Sosa.
Habló de maniobras fraudulentas, al mismo proveedor y en forma periódica, generando un fraccionamiento irregular del gasto dado que se podían realizar compras directas hasta 800.000 pesos y se gastó 1.191.913 pesos, pero en forma fraccionada artificial y sin dejar constancia, cuando se debió haber llamado a una licitación abreviada.
Para el fiscal los ediles Correa y Sánchez montaron una operativa inventando montos y obras, ordenando pagos sin control de ningún tipo y terminó el dinero en el bolsillo del ex presidente Sánchez.
Para Vaz aplica el concepto de corrupción en todo este proceso. Sobre José Luis Sánchez y Correa dijo que los delitos de fraude, engaño, daño al estado, falsificación ideológica, entre otros, aplican.
El fiscal solicitó se formalice a Darwin Correa por un delito de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica en calidad de autor.
Para el caso de Sánchez aplica el mismo delito, pero en calidad de co-autor.
La defensa del ex presidente Sánchez se opone a la formalización y su abogado señala que el “reproche” sería de naturaleza formal y en ese sentido dijo que estos temas deben dirimir en otros ámbitos.
Mencionó el informe de Durán Martínez que dijo que Sánchez actuó correctamente como ordenador de gasto y no había necesidad de mayor respaldo y no necesariamente deben formalizarse por escrito.
Agregó que la contratación directa aplica dado que se trató de montos menores a la compra directa. Dijo que todo el procedimiento fue controlado porque existió la firma del presidente, así como el contador delegado del Tribunal de Cuentas.
Agregó que ninguno de los funcionarios que fueron interrogados dijo textualmente que las obras no se hicieron y por ende fiscalía no pudo demostrarlo.
Señaló que algunos dijeron, “no me consta, no era mi horario” pero nadie declaró que no se hicieran.
Indicó que hay fotos que demuestran que las obras efectivamente se hicieron. Sobre el delito de fraude, el abogado de Sánchez dijo que el elemento central en este delito es el daño a la administración.
“Las obras se hicieron” y afirmó que hay hechos imaginarios, pidiendo al juez que no haga lugar a la formalización.
Rechazó que se llame a sorpresa que para una tarea la empresa en la que se deposite sea otra, no coincidiendo el titular de la empresa con la titularidad de la cuenta bancaria.
En tanto la defensa de Correa, representada por Álvaro Garcé y Santiago Clavijo, dijo que en primer lugar hay un error de fiscalía que es no conocer las medidas cautelares que se aplicarían y por ende esto cercena el derecho de las defensas, agregando que si no se subsana la audiencia puede ser nula.
En cuanto a la defensa, Garcé dijo que no hay semiplena prueba de los hechos que se imputan a su cliente.
Sostuvo que, durante su presidencia, Correa llevó adelante una buena gestión, que, en cuanto a los aspectos patrimoniales, entendiendo que había necesidades que tenía el edificio de la Junta Departamental, trabajos indispensables para el buen mantenimiento del edificio.
Indicó que las obras se hicieron durante y rechazó atribuciones a los testigos, por parte de fiscalía, de cosas que no fueron así. “En ningún momento los testigos dijeron que no vieron los trabajos y señalaron que muchas veces se hacían fuera de horario”.
Dijo que Darwin Correa, cuando compareció, llevó fotografías de las obras realizadas, lo que afecta el pedido de formalización. Agregó que no se trata de un fraccionamiento indebido del gasto sino de trabajos en distintos tiempos.
El delito de fraude se echa por tierra e informó que Correa, al retirarse, en su rendición de cuentas, realizó un informe donde habló de lo realizado.
Garcé se opuso a la solicitud de formalización y sostuvo que se descarte la misma. En cuanto al ex presidente Alexandro Infante, quien no compareció, fue declarado en rebeldía y se libró orden de detención. Sus abogados desconocen el motivo y su paradero.
La jueza Gabriela Azpiroz dijo que los hechos expresados por fiscalía se ajustan a las figuras delictivas expresadas y el relato claro. Señaló que no se hace lugar a la oposición a lo argumentado por la defensa de Sánchez y Correa y en mérito a ello se los formaliza para que continúe la investigación.
Para Sanchez, delito de fraude especialmente agravado con delito continuado de falsificación ideológica como funcionario público, en calidad de coautor.
En el caso de Correa, los mismos delitos, pero en calidad de autor.
La defensa apeló la formalización.
En lo que hace a las medidas cautelares, la fiscalía entiende que no hay riesgo procesal en ninguno de los casos de delitos imputados. Descartando la prisión preventiva, solicitó medidas restrictivas de la libertad a los efectos de garantizar el proceso que se inicia.
Piden que declaren domicilio y se presenten una vez por semana en la seccional policial, así como prohibición de salir del país y retener los documentos de viaje por 90 días.
Se ofició a la corte electoral comunicando la formalización.
