Se trata de la culminación de un trabajo que comenzó en el año 2019 realizado por la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación junto a diversas instituciones.
En efecto, hace dos años la Unidad UVyT consideró oportuno contar con protocolos de actuación en temas específicos de la violencia basada en género, atendiendo a las prioridades fijadas por la política de género y de atención y protección a víctimas de la institución, explicó al portal de Fiscalía la directora de esa unidad, Mariela Solari.
Así, se crearon grupos de trabajo integrados por los técnicos y técnicas de la unidad, con la supervisión de su equipo de dirección, que partieron de la experiencia en atención a víctimas de delitos que desde noviembre de 2017 se realiza en el marco del proceso penal acusatorio.
«Siguió un riguroso proceso de validación durante el año 2020. Con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en el marco del acuerdo de la FGN/UVyT con la Facultad de Psicología (UdelaR) a través de su programa ‘Género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud'», prosiguió Solari.
«Este proceso de validación incluyó consultas con expertos y expertas nacionales e internacionales, académicos y académicas, equipos fiscales y técnicos y técnicas de otras instituciones; todos aportes que resultaron sustanciales para las versiones finales de ambos protocolos», añadió.
Según Solari ambos instrumentos «permiten contar con elementos conceptuales, metodología y procedimientos de actuación a seguir por los técnicos y técnicas de la Unidad de Víctimas y Testigos para la atención de las víctimas que atraviesan procesos penales de violencia doméstica, delitos sexuales, y trata de personas con fines de explotación sexual».
Subrayó que «tanto el proceso de elaboración y validación, como los productos finales, son fruto de la planificación, el análisis y al revisión de las prácticas, aspectos sustanciales para una intervención responsable».
«En la administración pública, y en particular en el sistema de justicia, los modelos de abordaje, la metodología y procedimientos con los que se brinda atención y protección a víctimas y testigos deben ser rigurosos, transparentes y soportar la exigibilidad de rendir cuentas. Contar con protocolos de actuación, permite estandarizar las actuaciones y brindar respuestas en un marco de garantías para todas las partes. Se trata de instrumentos vivos, que requieren su revisión permanente a la luz de la práctica», opinó.
