El diputado Joaquín Garlo cuestionó las condiciones actuales del sistema penitenciario uruguayo y sostuvo que las cárceles no cumplen con el objetivo de rehabilitación establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República.
El legislador afirmó que existe un diagnóstico ampliamente compartido respecto a que el sistema no garantiza la reinserción social ni logra prevenir la reincidencia. Frente a esa situación, reclamó un acuerdo interpartidario que permita impulsar cambios estructurales y sostener políticas de largo plazo.
Garlo señaló que el proyecto de Rendición de Cuentas propone transformar el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) en un servicio descentralizado, con la finalidad de mejorar la organización y administración de las unidades penitenciarias. También mencionó los planes del gobierno para construir nuevos establecimientos de máxima seguridad destinados a personas condenadas por delitos de mayor gravedad.
El diputado destacó además el reciente traslado de las internas a una nueva unidad penitenciaria para mujeres, cuya inauguración está prevista para los próximos días.
Sin embargo, advirtió que Maldonado continúa enfrentando una situación crítica en la cárcel de Las Rosas.
Según los datos aportados, el establecimiento tiene una capacidad original de 570 plazas, pero actualmente alberga aproximadamente a 1.270 personas privadas de libertad. Garlo sostuvo que ese nivel de sobrepoblación impide cualquier proceso serio de rehabilitación y representa un problema tanto para la seguridad pública como para las posibilidades de reinserción.
El legislador planteó que la respuesta no puede quedar limitada al Estado y a los partidos políticos. Indicó que se trabaja con empresas y organizaciones privadas para ampliar programas de empleo dirigidos a personas liberadas, con el objetivo de facilitar su regreso a la sociedad y evitar que terminen en situación de calle.
También rechazó la percepción de que la mayoría de los reclusos de Las Rosas provienen de otros departamentos. Explicó que aproximadamente 60 personas recuperan la libertad cada mes y que solo unas 20 son de otros puntos del país. El resto pertenece a Maldonado o mantiene arraigo en el departamento.
Agregó que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado entrega entre 15 y 20 pasajes mensuales para que quienes no tienen vínculos con Maldonado regresen a sus lugares de origen. Por ese motivo, afirmó que el número de liberados de otros departamentos que permanece en la zona es estadísticamente reducido y no explica por sí solo el aumento de personas en situación de calle.
