El diputado Joaquín Garlo se refirió al tratamiento del proyecto de Ley de Lavado de Activos en la Cámara de Representantes y aseguró que la iniciativa “otorga más garantías a los administrados y a la ciudadanía”, al tiempo que fortalece las herramientas para el combate al crimen organizado.
Según explicó, la propuesta busca establecer procedimientos claros para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en el ejercicio de sus facultades de contralor y fiscalización. “Lo que hace este proyecto es aclarar cuáles son los procedimientos y las formas que puede llevar adelante la Senaclaft para garantizar que sean transparentes y que se respeten los derechos de la ciudadanía”, señaló.
Garlo remarcó que se trata de procedimientos administrativos y no judiciales. En ese sentido, sostuvo que existe “una confusión” por parte de la oposición respecto al retiro de información en el marco de controles y fiscalizaciones. “No estamos hablando de recabar pruebas en una investigación judicial, sino de identificar si hay o no lavado de activos o indicios de delitos”, afirmó. Asimismo, comparó estas potestades con las que ya tienen organismos como la DGI o la Dirección Nacional de Aduanas en procesos inspectivos previos a la instancia judicial.
Consultado sobre una eventual vulneración del secreto profesional, el legislador fue enfático: “No se viola el secreto profesional, porque es la propia ley la que lo establece y también la que fija las excepciones. En el marco de una investigación administrativa, los sujetos obligados deben brindar la información; de lo contrario, no se podría combatir este delito”.
El diputado también rechazó las críticas que señalan que la norma otorgaría “superpoderes” al Poder Ejecutivo. “Intentar personalizar la construcción de este proyecto en una sola persona es un disparate y una irresponsabilidad política”, afirmó, y recordó que la iniciativa fue elaborada con la participación de técnicos de distintos ministerios y de Presidencia, además de retomar un proceso iniciado en 2023 durante el gobierno anterior.
Por otra parte, destacó que el proyecto incluye la reducción de los montos permitidos para transacciones en efectivo. Actualmente el tope ronda los 164 mil dólares, y con la modificación pasaría a ubicarse entre 40 y 50 mil dólares, de acuerdo a lo acordado en el Senado y mantenido en Diputados.
Finalmente, Garlo subrayó que el combate al lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo forma parte de los compromisos centrales del gobierno. “El sistema político ha demostrado madurez al aprobar normas que apunten al combate del crimen organizado, un flagelo que afecta al país y a la región”, concluyó.
