La Mesa por Derechos para las Personas Trabajadoras Sexuales emitió un comunicado en el que expresó su “firme y absoluto repudio” ante los recientes hechos de violencia sexual ocurridos en el departamento de Maldonado, en los que resultaron víctimas varias trabajadoras sexuales.
Según señalaron, estos ataques constituyen “una vulneración extrema de los Derechos Humanos” y contravienen la normativa vigente, entre ellas la Ley Nº 17.515, la Ley Nº 8.080 y la Ley Nº 19.580, que reconocen el trabajo sexual como una actividad lícita y amparan a las mujeres sin distinción del tipo de labor que desempeñen.
En el documento, las organizaciones destacaron la fortaleza y valentía de las víctimas que decidieron denunciar, pese al estigma social y al riesgo de revictimización. “Su acto es un ejercicio claro de ciudadanía, una afirmación de sus derechos y una demanda legítima de protección estatal”, expresaron.
La Mesa planteó una serie de exigencias para garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales, entre ellas:
-Proceder con celeridad, rigor y perspectiva de género.
-Garantizar medidas inmediatas de protección y acompañamiento integral.
-Asegurar un proceso judicial eficaz, que contemple estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
Ademas, subrayaron que la reparación “no es solo una medida judicial”, sino un compromiso del Estado con mujeres que han sido históricamente vulneradas. En ese sentido, reclamaron respuestas efectivas, sensibles y diligentes por parte de las instituciones.
El comunicado también expresó solidaridad con las víctimas y reafirmó el compromiso de las organizaciones para seguir defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales. “Luchamos por una vida digna, libre de violencias y con las garantías relativas de sus derechos”, señalaron.
El pronunciamiento fue firmado por diversas organizaciones, entre ellas Área Salud Oc. y VIH de PIT-CNT, Casa Abierta, COMPETSR Uruguay, Diversidad Red Fray Bentos, Ovejas Diversidad Flores, Proyecto CAMINOS y Visión Nocturn.
