El director general de Vivienda, Alejandro Lussich, informó que cuando se instrumento el proceso de realojo, las familias que tomarían las casas firmaron un acuerdo con la intendencia donde se comprometían a no realizar actos ilícitos.
“El Ministerio del Interior realizó procedimientos en el barrio, donde resultaron varias personas formalizadas, estableciéndose que en las viviendas se estaban cometiendo delitos”, explicó el jerarca.
Señaló que se tratan de diversos delitos, desde receptación, comercialización de sustancias estupefacientes, e incluso una persona vendió la vivienda que le habían adjudicado.
“Se iniciaron los procesos administrativos que tardarán un par de meses”, señaló.
Asimismo, no descartó que puedan haber nuevas desadjudicaciónes en el futuro.
