La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) concluyó que existieron omisiones graves por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la mutualista Casmu en la atención brindada a Milagros Chamorro, la joven de 31 años que se quitó la vida en octubre de 2024.
Su madre, Laura Cabrera, afirmó que el informe “confirma lo que venimos diciendo desde el principio: ella pidió ayuda durante dos días y nunca fue vista por un psiquiatra”.
Según la resolución enviada a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, el organismo sostuvo que el sistema sanitario no garantizó condiciones para una vida digna ni actuó con la debida diligencia frente a una situación de violencia de género.
Milagros había denunciado en 2022 haber sido víctima de una violación grupal ocurrida en 2010, hecho que -de acuerdo con la INDDHH- le provocó severos daños psicológicos y tuvo incidencia en su decisión de quitarse la vida.
El informe indica que entre el 23 y el 25 de octubre de 2024, la joven consultó tres veces en el Casmu sin recibir evaluación psiquiátrica. La institución advirtió que tanto el prestador de salud como el MSP no actuaron de forma inmediata ni efectiva, pese a la gravedad del cuadro.
Para la familia, el pronunciamiento representa una validación de sus reclamos.
“Ella había estado dos días pidiendo atención psiquiátrica, explicando que tenía ideaciones suicidas, y nunca fue vista por un psiquiatra. Se la dejó en un box, con la cortina cerrada”, expresó Cabrera. “Pensamos que con la confirmación de la institución, que reconoce un manejo negligente y recomienda cambios, pueda haber mejoras para que otras personas no pasen por lo mismo”.
La familia de Milagros sostiene que una atención oportuna podría haber evitado el desenlace y reclama reformas urgentes en la atención a víctimas de violencia sexual y en los protocolos de salud mental
