La central sindical presentó los lineamientos estratégicos del sector público de cara al próximo Presupuesto Nacional, con énfasis en la defensa de la Negociación Colectiva, la calidad del empleo y la necesidad de mayor financiamiento para políticas sociales clave como educación, salud y cuidados.
El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, y referentes del Instituto Cuesta Duarte advirtieron sobre los desafíos salariales y la precarización laboral, mientras que el movimiento sindical anunció posibles movilizaciones para exigir la recuperación del salario real.
Sobre los lineamientos estratégicos del sector público de cara al Presupuesto, Barreto, en representación del Poder Ejecutivo, recordó que el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) “tomó inmediatamente las riendas de la importancia que revestía darle estructura a la Negociación Colectiva y al sistema de relaciones laborales en el ámbito público, y lo hizo a través de distintos decretos y de un acuerdo marco que tiene el objetivo de promover la Negociación Colectiva entre funcionarios y trabajadores del Estado”.
Manifestó que el sistema de Negociación Colectiva en Uruguay es ejemplar y que hay que cuidarlo. “Somos corresponsables de esto, porque es un sistema modélico en el mundo, de forma de plasmar el propósito que se generó en el año 2005 de construir una sociedad distinta a través de la Negociación Colectiva”.
Anunció que el día 21 de julio existirá otra convocatoria para continuar con el tratamiento de la conciliación -a la que se comprometieron el gobierno y el movimiento sindical ante la OIT- por el régimen vigente, hoy suspendido, sobre las licencias médicas y certificación.
También informó que el gobierno tiene previsto convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público para el día 23 de julio.
Por su parte, el economista Pablo Da Rocha, en representación del Instituto Cuesta Duarte, definió la administración pasada de Luis Lacalle Pou como “un ciclo económico conservador en el sentido más teórico de sus orientaciones”. Dijo que, si bien existió pandemia, también se constató un “deterioro en las condiciones de vida” y que desde el punto de vista presupuestal “significó una caída de la masa salarial y también de los recursos destinados a las principales políticas públicas, porque se vio resentida la educación, la salud y la vivienda”.
Reconoció que es cierto que Uruguay se caracterizó por “alcanzar más tempranamente los niveles prepandemia, incluso con uso limitado de recursos, lo que permitió de manera inmediata recorrer un nuevo camino de recuperación, la cual fue insuficiente porque los salarios de los trabajadores públicos tuvieron que responder a cronogramas bajo tensiones políticas fuertes que no permitieron, en la mayoría de los casos, alcanzar en un 100% los niveles prepandemia. En materia de recursos y asignación presupuestal hubo políticas claramente golpeadas”.
En cuanto a los vínculos laborales con el Estado, Da Rocha manifestó que “llama la atención que, en el discurso preelectoral del gobierno anterior estuvo sobre la mesa el tamaño y el peso del Estado y la necesidad de reducirlo, sin embargo, los vínculos laborales que tiene hoy el Estado superan a los que había incluso desde que hay registros. Tenemos un poco más de 300.000 vínculos laborales a diciembre de 2024, lo que no significa 300.000 personas, que en realidad son unas 280.000, porque hay personas que cuentan con más de un vínculo laboral con el Estado”. No solo se trata del número, sino también de las características de esos vínculos laborales, que son “más precarios y de peor calidad, y se registran especialmente en la salud y la educación”. También dijo que el sector que acumula más vínculos laborales es la enseñanza; luego le siguen los gobiernos departamentales, la seguridad y defensa, y la salud.
Sobre el cambio en el régimen de las licencias médicas, señaló que “hay un crecimiento sostenido año tras año de las certificaciones médicas, pero no hay estadísticas en las rendiciones de cuenta sobre las causas de esas certificaciones”. De todos modos, aclaró que uno de los organismos que presenta los datos más llamativos -y que suele ser excluido- es el Ministerio del Interior y también la enseñanza, y la causa, en más del 50%, son “problemas de salud mental que son subestimados, tales como la ansiedad y el estrés”. Por ello, planteó que existe un problema a atender en cuanto a la calidad de vida de las personas.
El especialista también se refirió al “gasto tributario” y señaló que, una vez que ingresa el proyecto de Ley de Presupuesto al Parlamento, la discusión en última instancia es “cómo se distribuyen o redistribuyen las asignaciones”.
Con posterioridad, Milton Castellano, como integrante del Consejo Tripartito del Sector Privado, manifestó que la discusión del Presupuesto Nacional siempre genera enorme expectativa. “Por ello estamos intentando generar los ámbitos para discutir el Presupuesto de forma integral, no solo desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores públicos, sino también desde los objetivos políticos que se traza el país para los próximos cinco años”. En ese marco, dijo que los objetivos importantes son “establecer políticas que ataquen la pobreza infantil, generar recursos para la educación y priorizar el sistema de cuidados, es decir, una batería de medidas que permitan generar condiciones de mayor equidad e igualdad”.
“Esto lo vemos no solo en el área social, sino también productiva; por eso planteamos la necesidad de crear un ámbito para debatir una Estrategia Nacional de Desarrollo, porque si el Uruguay crece a una tasa de 1% anual, como ha ocurrido en los últimos diez años, entonces no hay posibilidades de desarrollo, y eso está agravado por la profundidad de la pobreza y la desigualdad”, dijo Castellano, y agregó que la Negociación Colectiva en el ámbito público y privado tiene que estar enmarcada también en los grandes desafíos de las distintas áreas como la educación, la salud, la vivienda y el combate a la pobreza.
“Hemos planteado en el ámbito tripartito del sector privado que el ámbito de la negociación tiene que tener la premisa de que ningún trabajador pierda salario real y que, a su vez, todos los sectores de actividad, si la economía crece, acompañen ese crecimiento haciendo hincapié en los salarios más sumergidos”, indicó.
Agregó que el gobierno planteó “los lineamientos por franjas y aumentos de salarios nominales por franjas y con correctivos al año por inflación subyacente (eliminando frutas, verduras y combustibles) y a dos años por inflación completa”.
“Vamos a ir a las mesas de negociación con la necesidad del mantenimiento del salario real para todos los trabajadores, sin exclusiones, y tratar de acompañar el crecimiento de la economía”, agregó.
Castellano hizo hincapié en otros temas que no son salariales, tales como “la salud mental, el sistema de cuidados, las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada, y las plataformas particulares de cada sector”.
Mientras que José Lorenzo López puntualizó que esta etapa marca el comienzo de la Negociación Colectiva para el Presupuesto Nacional. Destacó que el salario, las condiciones de trabajo, el ingreso personal a la función pública, terminar con la precariedad y las tercerizaciones serán parte de lo que estará en la plataforma de la negociación que se encarará con el gobierno. “Es probable que las expectativas que tenemos no sean colmadas, porque luego de un período de ajuste brutal como tuvimos en el anterior gobierno, esperábamos no solo recuperar lo perdido, sino también tener avances sustanciales en cada una de las áreas de las diferentes ramas de actividad del sector público; todo indica que habrá un planteo austero de parte del gobierno, en función de lo que ocurrió en la actividad privada y de los lineamientos que tuvieron los compañeros de las empresas públicas”.
“Los estatales, los trabajadores de la actividad privada y el movimiento sindical en su conjunto pretendemos que el salario no solo se mantenga en su valor real, sino que acompañe el crecimiento que va a tener la economía, y eso, en la actividad privada, para la franja superior no está asegurado, y seguramente el planteo sea similar para los trabajadores estatales. Aparte de negociar, no habrá más remedio que movilizarnos, por eso no se descarta una movilización para los primeros días de agosto, para marcar la cancha y establecer un crecimiento de nuestro salario en función de la economía”, remarcó López.
Fuente: Pit Cnt
