Se trata de la modificación del Imesi aplicado a los productos fitosanitarios. El artículo fija un nuevo máximo de 25 unidades indexadas por litro o kilogramo de agroquímicos, lo que en la práctica significa un incremento directo de los costos para el agro señala la publicación Correo de los Viernes, del Foro Batllista.
Agrega que se extiende el impuesto también a los principios activos de los agroquímicos, que hasta ahora estaban exentos, y otorga al Ministerio de Ambiente —y no al MGAP— la potestad de ampliar el alcance del tributo.
Con ello se desplaza a la Dirección de Servicios Agrícolas, autoridad técnica competente y especializada en evaluar el riesgo en el uso de fitosanitarios, no solo su toxicidad teórica.
Denuncian que se pretendió introducir un impuesto que no se presenta como tal, sino maquillado como política ambiental.
El ministro Ortuño defendió la iniciativa como un instrumento para promover “producción sostenible” y desestimular los plaguicidas más contaminantes. Sin embargo, acusan que no mostró evidencia técnica ni presentó estudios que demuestren que subir un impuesto logre ese objetivo.
Agregan que la medida desconoce además el contexto productivo del país. Uruguay compite en mercados internacionales que ya imponen exigencias crecientes en materia ambiental. Cargar más tributos al agro en nombre de un supuesto valor agregado “verde” puede sonar atractivo en un discurso de prensa, pero en la práctica significa encarecer la producción y restar competitividad. Y lo peor: sin que ese costo adicional garantice mejoras reales para el ambiente, concluye.,
